PROTESTA LEGITIMA

En el tiempo político actual boliviano, el equipo gubernamental debiera estar en proceso de reflexión profunda sobre las últimas decisiones asumidas en cuanto a la gestión de Evo Morales. Como es habitual, ante las crisis sucedidas que tienen relación con representantes indígenas, COB, o algún movimiento social no, estigmatizado como “derechista” o socio de la derecha, quien ha ofrecido Conferencias de Prensa “aclaratorias y de análisis de la coyuntura” ha sido el vicepresidente Álvaro García Linera, quien ha repetido simétricamente el modo de enfocar los conflictos referidos: citando de “legítimas” cada una de las protestas sociales, a su vez de “equivocadas” las que no condigan con el plan de gestión gubernamental, y finalmente de “contaminadas” o “dirigidas” las que, mas allá de su contenido, tengan como partícipes o propugnadores a figuras del Movimiento Sin Miedo, Unidad Nacional, o algún eventual contendiente electoral. Desde el punto de visto del rédito político, esto último no sólo es válido sino que sería ingenuo, de alguna manera, soslayarlo. En cuanto a las anteriores catalogaciones de las protestas sociales, son por lo menos, de evidente contenido táctico en cuanto al devenir de las mismas; intento explicarme: al aceptar que toda protesta social es legítima (además del contenido jurídico incontrastable en el texto de la Constitución Política del Estado) intenta transmitir ante la opinión pública que el gobierno es coherente con su propio accionar (de su pasado “insurgente” o “bloqueador”, como se quiera calificarlo), pero se denota el verdadero punto de discusión en cuanto al fondo mismo del tema en cuestión: “la protesta legítima solo es la protesta legítima”, ante cual sofisma solo queda preguntarse a quién o quienes le corresponde evaluar la legitimidad o no de una protesta, pregunta respondida por algún aventurado señalando que es el gobierno popular y soberanamente constituido quién debiera hacerlo (considerando las características del “gobierno de los movimientos sociales”, quien gestionaría de acuerdo a las demandas populares), o, en un análisis caótico de la democracia participativa, cada protesta de cada persona debiera tener la absoluta legitimidad individual y debe ser considerada como tal.